El marco histórico de los procesos de extensión rural y
agrícola en Guatemala
El marco histórico a lo
largo del tiempo que han sufrido los procesos de extensión rural y agrícola en
Guatemala, el cómo influyo positivamente en la población cuando se brindó el
servicio por parte del estado, así mismo las repercusiones en la producción y
el impacto económico que tuvo la descontinuación del servicio de extensión en
los años 90S.
Históricamente, la extensión agrícola ha jugado un
papel muy importante en los procesos de desarrollo rural en América Latina. En
el caso de Guatemala, el servicio de extensión público fue especialmente
importante, a partir principalmente de la década de 50s, para apoyar con
asesoramiento y transferencia de tecnologías a las familias y grupos de
agricultores con limitados recursos económicos que practicaban lo que hoy se
conoce como “agricultura familiar”. Equipos de agencia de extensión, las cuales
estaban difundidas por todo el país, conformados por un extensionista agrícola,
una educadora para el hogar y un promotor de clube, eran los encargados de
orientar y apoyar a estos grupos de agricultores y sus familias, en los
aspectos relacionados con producción agrícola (principalmente cultivos alimenticios),
economía familiar y desarrollo de la juventud rural.
El colapso de los aparatos públicos de extensión en
América Latina durante la década de los 90s, también alcanzó a Guatemala en la
forma de desaparición de las instituciones DIGESA y DIGESEPE, las cuales eran
responsables de la extensión agrícola y pecuaria, respectivamente (Ortiz,
2011). Esta medida de ajuste estructural para este sector, también tenía o
descansaba en la suposición básica que organismos del sector privado y de la
sociedad civil tomarían el lugar de esas instituciones que desaparecían y que
se harían cargo de brindar esos servicios. Esta suposición se pensaba válida
para todos los países que sufrían este fenómeno y en todos los casos la suposición
no se cumplió, pues los sectores que se esperaba cumplirían con la función
fracasaron por diferentes razones (Ortiz, 2011; PESA, 2011; Ruano 2005). Como
resultado, los agricultores más pobres principalmente, fueron los más afectados
quedando, en la mayoría de los casos, sin servicios de asistencia técnica para
el manejo de sus sistemas agrícolas. Así también, la asignatura de Extensión
desapareció con el tiempo de los pensum de estudios de las universidades y escuelas
agrícolas.
3.1
Inicios de la extensión rural y agrícola en
Guatemala
Históricamente se menciona que las acciones
institucionalizadas del estado de Guatemala se preocuparon por mejorar la
producción agropecuaria a finales del siglo XIX, desde la reforma liberal en el
año 1871. Posteriormente se da un gran paso con la creación de la “secretaria
de Agricultura” en el año de 1920, entre los años 1945 y 1981 tomo el nombre de
“Ministerio de Agricultura”, y a partir de 1982 se le conoce como “Ministerio
de Agricultura, Granadera y alimentación (Ruano, 2005). Dicha organización está
estrechamente relacionado con las labores de extensión en el país.
Formalmente las labores de extensión en el país se
iniciaron en la década de los 50s a causa de que en los Estados Unidos de Norte
América se creó en 1954 el “Servicio Cooperativo Interamericano de Agricultura”
(SCIDA). En Guatemala es sistema de extensión publica funcionaba con un esquema
operativo similar al que se utilizaba en los estados unidos, en dicho año
iniciaron su operación 37 agencias de extensión en los municipios con más
decadencias, con la finalidad de promover desarrollo a raves de: la educación
no escolar, la transferencia de tecnología agropecuaria, apoyo a la ama
de casa para el mejoramiento del hogar y la formación de la juventud rural a
través de la organización de los Clubes Juveniles (Rosado, 2011).
3.2 El auge de la extensión rural y
agrícola en Guatemala
En la década de los 70s fue establecida la figura
multi-institucional denominada “sector Público Agrícola”, para poder enfrentar
la tarea de promover el desarrollo necesario, se argumentó la necesidad de una
organización institucional de características “totalmente diferentes” de las
que tipificaban el esquema tradicional. Se estableció que las funciones de
extensión agrícola y asistencia técnica debían de ser asignadas a la Dirección
General de Servicios Agrícolas (DIGESA) del MAGA pero estas mismas funciones de
extensión y asistencia técnica en el campo pecuario quedaron bajo la
responsabilidad de la institución Dirección General de Servicios Pecuarios
(DIGESEPE), que formaba parte del mismo ministerio (Sector Público Agrícola,
1974; Fumagalli, 1988).
En la década de los 80s, se dio una experiencia
bastante exitosa de interacción entre las instituciones de investigación (ICTA)
y extensión (DIGESA y DIGESEPE) en varias regiones del país, cuando se utilizó
un enfoque novedoso en la metodología de trabajo interinstitucional, que establecía
los planes de trabajo en función de las demandas de los productores quienes
tenían un rol de participación activa y en donde dichos productores eran
protagonistas en la ejecución y además, tenían opinión en la evaluación de los
resultados (Ortiz et.al., 1991).
Se incrementó la cobertura del sector publico
agropecuario y alimentación, ya que se incrementó a 213 agencias de
extensión agrícola en el territorio nacional, así mismo se incorporaron 1,280
guías agrícolas que fueron entrenados en diferentes temas agropecuarios. Así
mismo se procedió a la incorporación de 2,800 representantes agrícolas
debidamente entrenados. Esta estrategia permitió la transferencia y adopción de
tecnología agropecuaria que para lograr rendimiento que satisficieran sus
necesidades básicas y la generación de excedentes para reinvertir y dinamizar
la economía campesina (Rosado, 2011)
Es necesario hacer mención, por la importancia
histórica que tiene la experiencia original, que este era un enfoque que el
ICTA había conocido en su experiencia de trabajo colaborativo durante la década
de los años 70s con el programa de “Vecinos Mundiales” en San Martín
Jilotepeque, Chimaltenango, que trabajaba con promotores extensionistas
nativos, principalmente en la promoción de prácticas de conservación de suelos
y prueba de variedades mejoradas del ICTA (Rosado, 2011).
3.3
Cancelación del Servicio de Extensión Agrícola
Con la experiencia de la vinculación efectiva entre
investigación y extensión, se vivieron los últimos años de la extensión pública
antes de su desaparición en la década de los 90s. Previamente, las primeras
medidas de reajuste estructural dentro del Ministerio de Agricultura se
iniciaron paulatinamente a partir de 1982, y que con cada año, todas las instituciones
del Sector Público Agrícola fueron sufriendo recortes en su presupuesto,
principalmente las centralizadas como lo eran DIGESA y DIGESEPE. Al final,
estas dos instituciones quedaron con un presupuesto apenas suficiente para
pagar salarios del personal que todavía retenían; además, prácticamente
desaparecieron los fondos para inversión y para ejecutar sus funciones.
Finalmente, las dos instituciones responsables de proveer los servicios
públicos de extensión, fueron cerradas entre los años 1998 y 1999 (Ruano, 2005).
En el proceso de “adelgazar” al Estado suprimiendo instituciones
públicas, arranca con relativa fuerza durante el gobierno de Ramiro de León
Carpio y consolida su ejecución en el gobierno “de la Paz y la Privatización”,
de Álvaro Arzú. Esta supresión de Servicios Públicos dejó en la calle a miles
de trabajadores gubernamentales, quienes por la buena o por la mala debieron
acogerse a planes de retiro “voluntario” y en algunos casos, hacerse
“empresarios” vendiendo los servicios que antes prestaban desde el Estado.
Huelga decir que la mayoría de “empresas y empresarios” sucumbió en el intento.
El resultado fue un incremento consistente en el número de desempleados
(Velásquez, 2010).
Los servicios
Estatales de asistencia técnica para el mejoramiento de los cultivos,
información de mercados, y organización productiva brindados a los campesinos
de pequeña escala y medianos, fueron abandonados por el Estado Guatemalteco,
siguiendo las orientaciones del Consenso de Washington y la estricta aplicación
de las medidas de Ajuste Estructural, estandarizadas para los países
periféricos y aplicadas dentro del paquete de condiciones adheridas a los
préstamos otorgados por las instituciones financieras internacionales.
(Velásquez, 2010).
En dicho consenso se acordaron que los temas que debían de impulsarse
en América Latina se resumen en los siguiente: a) Disciplina presupuestaria; b)
Cambios en las prioridades del gasto público; c) Reforma fiscal; d)
Liberalización financiera; e) Tipos de cambios competitivos; f) Liberalización
comercial; g) Apertura para el ingreso de inversiones extranjeras; i)
Privatizaciones; j) Desregulación; k) Garantía de los derechos de propiedad. Lo
cual trajo repercusiones negativas en cuanto al endeudamiento y pobreza en Latinoamérica
(Rosado, 2011).
Supuestamente la
razón de la cancelación de los servicios de extensión agrícola, fue “impulsar
un cambio de mentalidad”, mediante el cual los campesinos deberían
“transformarse en empresarios” así por decreto, y eso significaba que siendo
eficaces y eficientes su productividad se elevaría, y consecuentemente sus
márgenes de ganancia. Esta nueva empresarialidad rural tendría entonces la
capacidad de, a su libre albedrío, escoger aquella empresa de servicios de
asistencia, que en libre transacción le ofertase las mejores condiciones. Es
decir, el campesino de famélico pasaría, por decreto de los Irigoyen, a
próspero empresario. Sin embargo, el cuento no tuvo un final feliz, y con tan
falsas premisas la conclusión ha sido fatal (Velásquez, 2010). Las
consecuencias no tardaron en aparecer, ya que la producción agrícola de granos,
cayó en más de un 30 por ciento en las últimas décadas, tenemos un incremento
nunca visto en la importación de alimentos.
3.4
Reanudación de los servicios de extensión rural
y agropecuaria
El proceso orientado al retorno de un sistema público de
extensión se concretó a finales del 2008, al establecer el MAGA una Comisión
Coordinadora del Programa de Extensión Agropecuaria que produjo un primer
documento sobre la propuesta del Sistema Nacional de Extensión Agrícola
(SNEA)(MAGA, 2008) el cual fue elaborado con aporte de 3 consultores como
asistencia técnica de FAO. Este documento fue el punto de partida de una
iniciativa por concretar la creación del SNEA, la cual fue aprobada en Abril
2010 en un taller nacional por la Asamblea del mismo, la cual estaba
constituida por funcionarios y técnicos de diferentes instituciones, sector
privado, academia y organismos internacionales de cooperación que trabajan en
el contexto del desarrollo agrícola del país (MAGA, 2010).
El siguiente paso del MAGA para lograr la
institucionalización e implementación del SNEA, fue la formulación del
documento “Marco Operativo y Funcional del Sistema Nacional de Extensión
Agrícola”, que además describe varios de los elementos más relevantes del nuevo
modelo de extensión agrícola del sector público. Este modelo está especialmente
dirigido a la atención del sector que practica la agricultura familiar, el cual
es definido de la siguiente forma (MAGA, 2010):
Familias de agricultores que no alcanzan a producir lo que
necesitan para cubrir sus necesidades de alimentos y necesitan vender su mano
de obra para poder comprar los alimentos que todavía les hacen falta, así como
otros artículos de la canasta básica (agricultura de supervivencia o
agricultura de infra-subsistencia).
Familias que producen los alimentos básicos que necesitan
(agricultura de subsistencia) y venden ocasionalmente su mano de obra para
poder comprar otros artículos que necesitan (aceite, azúcar, jabón, y otros).
Familias que producen los alimentos que necesitan para
cubrir sus necesidades alimenticias y que tienen excedentes que venden al
mercado para así poder comprar otros artículos que necesitan. Generalmente, no
venden su mano de obra.
3.5
Cobertura Actual del Servicio de Extensión rural
y agrícola
Año 2010: La cobertura lograda hasta diciembre del 2,010 fue
la apertura de 90 Agencias de Extensión Agrícola en 89 municipios de 18
departamentos. Con esta cobertura se procedió al diagnóstico de 923 comunidades
y a la formulación de sus planes de desarrollo participativo comunitario y la
ejecución de acciones en función de las demandas establecidas y acordadas con
las familias campesinas e indígenas (Rosado, 2011).
Año 2011: Con la emisión del Acuerdo Gubernativo No.
338-2,010 se inicia la reestructura del MAGA, y dentro de los cambios que
contemplan está la creación de la Dirección de Coordinación Regional y
Extensión Rural y de la Sub Dirección de Extensión Rural como encargada
institucional de la dirección, coordinación e implementación del Servicio de
Extensión Agrícola en el territorio nacional. La reestructura según el acuerdo
Gubernativo trae consigo en su artículo 37 la derogatoria de los acuerdos
Gubernativos 278-1,998 y 112-2,008 que crea el ProRURAL y del Programa de
Extensión Rural; esto hace redefinir la cobertura del servicio de extensión
agrícola; lo cual facilita la incorporación de los equipos de extensión rural
del ProRURAL al MAGA, ampliando la cobertura en 140 agencias de extensión
agrícola en 139 municipios de 20 departamentos (Rosado, 2011).
3.6
El nuevo sistema público de extensión
El modelo de extensión adoptado por el SNEA, es acorde a las
circunstancias actuales y condiciones que viven los grupos que practican la
agricultura familiar, promoviendo la utilización de la extensión agrícola como
un medio para contribuir al desarrollo agrícola del país (Ortiz, 2011). Este
modelo enfatiza la importancia de “privilegiar” el desarrollo humano y que se
debe priorizar la atención a los pequeños productores agrícolas que practican
la agricultura familiar. Además, resalta que, aunque no están priorizados, debe
existir una atención de tipo diferenciado a aquellos productores cuya
producción está destinada al mercado (MAGA, 2010).
El “Marco Operativo y Funcional del Sistema Nacional de
Extensión Agrícola” es el documento que define claramente la
institucionalización e implementación del SNEA. Este documento, conjuntamente
con la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral y la Política
Agropecuaria 2008-2012, constituyen el Marco Legal del SNEA. Este marco
operativo, describe, además, varios de los elementos más relevantes del nuevo
modelo de extensión agrícola del sector público (Ortiz, 2011). En una
declaración oficial, el MAGA declaró que a través este marco operativo, se
aprobó y oficializó la estrategia de extensión agrícola del MAGA, la cual tiene
como objetivo fundamental contribuir al mejoramiento sostenido de las
condiciones de vida de la población rural, por medio de asistencia técnica y
capacitación en sistemas productivos amigables con la naturaleza (MAGA, 2010).
En la década de los 50s surge formalmente un
programa de extensión rural y agrícola en Guatemala, teniendo su auge en la
década de los 80s, llegando a su cancelación en la década de los 90s a causa de
las decisiones tomadas en la recesión de Michigan, el cual produjo un atraso en
Latinoamérica, ya que se quería imponer un modelo en que los campesinos debían
de transformarse en empresarios, logrando únicamente bajas en el rendimiento de
los cultivos, actualmente la extensión en Guatemala está retomando su importancia
el cual se replanteo el modelo presentando actualmente al SNEA el cual rige
actualmente estos servicios a la población rural y agrícola del país.
5 BIBLIOGRAFÍA
1. Fumagalli, A. 1998. ICTA: 25 Años de Vida. Presentado en la “Semana científica del ICTA en su 25 aniversario”. Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas. Guatemala. Mayo 5-7; pp. 3-12.
2. MAGA. 2008. Sistema Nacional de Extensión Agrícola (SNEA). Un enfoque general. Documento preparado por la Comisión Coordinadora del Programa de Extensión Agropecuaria. Noviembre. 17p
3. Ortiz, R. 2011. Marco teórico de la extensión agrícola y rural de Guatemala: Elementos estratégicos para la implementación del modelo de extensión pública del MAGA en Guatemala. Documento integrado al Informe de misión presentado a FAO-PESA de Guatemala. Abril. 23p.
4. Rosado, P. Resumen histórico de la extensión agrícola en Guatemala.MAGA. Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, Subdirección de Extensión Rural. Guatemala. Diciembre 2011.
5. Ruano, S. 2005. Enfoques de extensión utilizados en Guatemala y el modelo de extensión del PESA. Informe de consultoría presentado a FAO-PESA de Guatemala. pp. 5-9.
6. Velázquez, H. 2010. Extensión agrícola. El Periódico. Ciudad de Guatemala. Gua. Sep 5. 42.
